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Extintores San Juan Bosco - Morona Santiago

 

Los habitantes de la parroquia San Carlos de Panantza, en el cantón San Juan Bosco, Morona Santiago, prefieren no salir de sus fincas o casas. Por las calles solo transitan los vehículos y tanquetas blindadas con uniformados armados, que recorren la zona y los poblados aledaños.

Los helicópteros sobrevuelan este territorio de abundante vegetación. Allí, el sábado pasado empezaron los operativos para encontrar a los supuestos implicados en el ataque al campamento minero La Esperanza, que se registró el 14 de este mes y en el que murió el policía José Mejía.

La tarde del lunes pasado, este Diario ingresó por primera ocasión a Panantza tras la declaración del estado de excepción. El paso está restringido en la ciudad de San Juan Bosco, ubicada a 20 minutos.

Nancy, una vecina del sector, recuerda que desde la madrugada del sábado (17 de diciembre) pasado vieron el ingreso de camiones con uniformados.

“Entraron a las casas de quienes se oponen a la minería. Tenían una lista”. En su vivienda, dice, hallaron una escopeta de su exesposo. “Me llevaron a Gualaquiza para juzgarme”. Tras la audiencia fue la única liberada de los seis presos.Ahora, debe presentarse cada tres días en la Fiscalía.

Antes de la semana pasada, dice Nancy, había enfrentamientos entre quienes están a favor y en contra de la minería. Rodrigo Peñaranda apoya al proyecto minero. Según él, los territorios que reclaman los nativos no son ancestrales y fueron vendidos a Exporcobres. Considera que la minería generará fuentes de trabajo.

“Hay colonos que dejaron sus tierras porque fueron amenazados de muerte por los nativos por apoyar la minería”, asegura Peñaranda. Uno de ellos fue Jesús, quien heredó de sus abuelos una propiedad, pero desde noviembre pasado no regresa por temor. “No hay garantías de seguridad”.

De acuerdo con los registros de la Junta Parroquial de San Carlos de Panantza, el 11 de agosto Explorcobres tomó posesión de la concesión y la fuerza pública desalojó de Namkints a 32 indígenas shuar. Desde entonces se han registrado otros dos enfrentamientos.

A partir de agosto, en la mayoría de las casas de Panantza se ubicó la bandera tricolor que flamea en señal de paz y en oposición al proyecto minero.

En San Carlos de Panantza no hay indígenas. Nankints, ubicado a 30 minutos, era el único centro shuar. Por ello, entre los seis detenidos solo hay un indígena. La mayoría de nativos vive en las vecinas parroquias de San Miguel de Conchay y San Antonio.

Por los enfrentamientos, las autoridades de la Policía se reunirán mañana (22 de diciembre) para evaluar la instalación de Unidades de Policía Comunitarias en las seis poblados shuar más próximas al campamento minero.

Para coordinar acciones por la seguridad y garantizar el estado de derecho en las zonas del conflicto se reunió este martes 20 de diciembre la Mesa de Justicia en Macas. Participaron los ministros de Justicia Lady Zúñiga, del Interior Diego Fuentes y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

Allí se insistió en la campaña de recompensa en la que se ofrece hasta USD 50 000 a quien de información para determinar y capturar a los responsables de los hechos.

Eso molestó a los activistas de Quito, que protestaron en contra del estado de excepción.

En Pastaza, en tanto, fueron liberados los 11 soldados que estaban retenidos en Sarayaku desde el lunes 19. El Ejército aclaró que no hubo una ninguna incursión militar. Según los indígenas, es inusual la presencia de uniformados sin coordinación y la asociaron con su asamblea realizada del 16 al 18 de este mes, en la que apoyaron a los shuar por el conflicto minero en Panantza.

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